AMÉRICA DEL SUD, PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL EXPRESS

 

AMÉRICA DEL SUD, PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL EXPRESS

El 22 de Junio ppdo. tuvo lugar en Asunción del Paraguay, en el Senado, un acto político institucional por el cual el Presidente Lugo en ejercicio, fue separado del cargo por una votación de 39  a 3, es decir por mayor porcentaje aún del que exige la Constitución equivalente a 2/3 de la composición del Cuerpo Legislativo. La causa aducida: mal desempeño de las funciones por la matanza de 16 campesinos y policías en la zona rural de Caraguaty en el norte del país.

El procedimiento legislativo cumplió además con los preceptos iniciales propios de la legislación vigente, pues la Cámara de Diputados había elevado, como corresponde, la respectiva acusación al Senado para la prosecución del juicio político.

Hasta esa etapa el acto fue impecable constitucionalmente en su mecánica. Lo que lo complicó residió en la brevedad extrema asignada a la defensa del Presidente Lugo a través de sus abogados, los que carecieron de tiempo razonable para prepararla, exponerla y ejercerla, dada la trascendencia del juicio en cuestión y la jerarquía del funcionario juzgado. Así, se transformó todo en un inusual y  aparente golpe de estado parlamentario.

En síntesis, las naciones americanas especialmente, y las del resto del mundo, resultaron impactadas por la excesiva premura otorgada al caso, lo que obvió una demostración comprobatoria de la responsabilidad directa del Presidente Lugo en el hecho, muy grave de por si.

Las instituciones sudamericanas del Mercosur, la Unasur, y OEA, asimismo se vieron imposibilitadas de actuar en tiempo y forma por las causas mencionadas y ello devengó una situación institucional más agravada aún en el seno de las mismas. Individualmente, Argentina, Ecuador y Venezuela optaron por el retiro de sus Embajadores. En cambio, México, Brasil, Perú, Uruguay y Colombia, decidieron el llamado a consulta de sus  Embajadores. El Mercosur dispuso no invitar al Presidente Franco a la Reunión de Mendoza, ya prevista para tratar varios temas económicos y comerciales. Además, la Unasur debe dar cumplimiento a la rotación de la Presidencia Pro-Témpore en la prevista Reunión en Lima en la que teóricamente el Presidente Umala debía transferirla al Paraguay. Considerando la transgresión habida del Protocolo de Ushuaia (24-VII-1998) por parte del Paraguay, que instituye la plena vigencia del Compromiso Democrático que obliga a los estados miembro, no tendrá lugar esa medida.

En definitiva, la situación actual no  denota al mismo tiempo idéntico apresuramiento institucional al ocurrido en el Paraguay? Pareciera que la América Latina tuviera pendiente una mayor maduración en cuanto sus desenvolvimientos institucionales, muy influenciados por la propia idiosincrasia genética de sus cuadros políticos, pero que malogran en definitiva el valor y jerarquía de sus organismos. Lo prudente no debiera residir en un análisis cauto de la totalidad de los hechos ocurridos, y con posterioridad adoptar los remedios institucionales más apropiados? La salud y derechos de sus habitantes así lo demandan.

Fuente: Prensa nacional e internacional

Dr. Roberto A. Ibarguren, Inv.Asociado, IAEI, Universidad Católica de Salta.

Salta, 25 Junio 2012.