CALIXTO MAMANÍ, IMPACTANTE ARTISTA Y LABRIEGO CALCHAQUÍ
Documento Post Mortem
Calixto Mamaní, preso de la imprudencia propia de los incautos, dejó su reducto de arte, escultura y pintura en Cafayate el 28 de Agosto de 2010, a la temprana edad de recién iniciados sus 70s. Fue labriego, podador, albañil, escultor y pintor, proveniente de la escuela más pura del arte, la autodidacta, pero por sobre todo, un hombre de bien. Sus esculturas en barro arcilloso cafayateño revelan la suma de la génesis diaguita de la cual provenía, los óleos que produjo escalaban las improntas heredadas de la milenaria cultura estampada en las areniscas rojizas y en los esquistos de las sierras circundantes al poblado donde nació, se educó y vivió toda su vida, surcado por los Ríos Chuscha y Lorohuasi, al pie de las Sierras del Cajón, en el Valle Calchaquí.
Qué respetuoso y digno sería que el gobierno local de la Intendencia de Cafayate con el debido consenso familiar y comunitario, conservara su vivienda construida por sus manos como una pinacoteca vívida en homenaje al valor de su existencia y rica trayectoria!. Ello aseguraría el estudio de su estilo de arte pictórico, modelado de la arcilla y expresivos óleos con temas lugareños, como legado adecuado para las generaciones venideras!
El IAEI, de la Universidad Católica de Salta, le rinde profundo y respetuoso homenaje a tan auténtico artista y hombre de bien que tan valioso testimonio nos deja.
Dr. ROBERTO A. IBARGUREN - Inv. Asoc.
Grad. AGUSTINA JUÁREZ
Salta, Martes 31 de Agosto 2010
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“Nuestra Misión es contribuir educando e investigando de por vida, acorde la demanda de nuestra Comunidad”
En la actividad minera que se realiza en distintas partes del mundo, vemos con frecuencia que los accidentes se repiten sin solución de continuidad sin que los gobiernos involucrados puedan acceder a un control más efectivo acerca de las condiciones técnicas sustentables en las que tienen lugar la extracción de minerales valiosos ciertamente para la economía de cualquier país, y a la que están obligados ineludiblemente a fiscalizar.
Históricamente, los casos más críticos de la minería por su difícil control y monitoreo, radican en las minas de carbón debido a la acumulación progresiva o súbita del gas grisú CH4 (mezcla de metano, nitrógeno y anhídrido carbónico), altamente móvil y de gran poder expansivo y detonante. China y otros países lideran los accidentes de este tipo internacionalmente. Pero además, la minería está afectada por otro tipo de fenómenos expansivos, como es el caso de algunos yacimientos metalíferos en América del Sur. No obstante, los mismos se enmarcan en gravísimos sucesos basados fuera de las causas naturales, en desidia humana. Simplemente se producen por ausencia de adopción de normas de seguridad suficientes.
Tal es el hecho que en estos días ha impactado en el mundo con lo 33 mineros chilenos impedidos de haber utilizado los salvoconductos alternativos que debieran existir para el escape en casos de accidentes o emergencias. La Mina San José, situada en Atacama, Región de Antofagasta en el Norte de Chile, ya produjo episodios anteriores originados por la denominada “explosión de roca”, motivada a varios centenares de metros de profundidad por las tensiones a que son sometidas debido a la extracción y movimientos del interior de mina, lo que altera el equilibrio natural de la estructura rocosa. Así, de no tomarse las medidas adecuadas que técnicamente son imprescindibles para el control permanente de las tensiones rocosas mencionadas, se produjo repetitivamente otra temible explosión de rocas, que fue lo sucedido el 05 de Agosto 2010 en Mina San José, accidente ya ocurrido en 2007, con un muerto y clausura de la Mina por un año.
Es decir, que dichos fenómenos son conocidos de sobremanera en las explotaciones mineras, así como las técnicas adecuadas para evitar que dichos desequilibrios y tensiones produzcan accidentes como el que tuvo lugar nuevamente en la Mina San José. Por lo tanto, primera falta: descontrol gravísimo repetitivo de las normas de seguridad en el interior de la mina. Segundo descontrol de gravedad no menor: debido a que por la explosión habida, se obstruyó la única vía de escape disponible, impidiendo los escombros la evacuación de los mineros a la superficie. Tercer descontrol: radicó en la inexistencia de vías de escape alternativas en esa profundidad de la Mina San José. Responsabilidad: inherente indiscutiblemente a dos jurisdicciones específicas: gubernamental y empresarial privada: 1) Empresa Minera San José, 2) Servicio Geológico Minero, Gobierno de Chile.
Huelga cualquier comentario sobre las responsabilidades mencionadas, máxime si se tiene en cuenta que se trataba de una mina de extracción a 700 m de profundidad en el Altiplano Andino, medio en el cual se complica enormemente cualquier tipo de logística y se agravan las condiciones de vida y supervivencia humana, como es conocido. La fiscalización de la actividad minera debe ser ejercida por los gobiernos en general, no como un impedimento para la actividad productiva y económica, sino como una garantización indispensable para que la misma se lleve a cabo en las condiciones técnicas correctas. Lo opuesto equivale a una figura criminal atentatoria contra la vida humana y las responsabilidades civiles de las empresas privadas y los gobiernos. Es decir, lo ocurrido en Mina San José seguramente se podría haber evitado conforme el análisis efectuado partiendo de la información pública disponible.
En lo que hace a las obligaciones de empresas y gobiernos en las actividades mineras, estos sucesos son de ocurrencia frecuente en todo el mundo. Localmente, en un suceso diferente, recordemos la aparición súbita de perforaciones para la extracción de aguas subterráneas en la frontera argentino – chilena a la altura de Socompa, Llullaillaco, Caipe, Tolar Grande y Olacapato, en Mayo de 2008, aparentemente con el ánimo de traspasar bombeando el líquido elemento y destinarlo en Monturaqui, para las explotaciones mineras de cobre de La Escondida. De ello no se tenía conocimiento público, y aparentemente tampoco oficial, a no ser por la denuncia formal asentada en el seno de la Municipalidad Salteña de Tolar Grande, acerca de cinco pozos perforados y entubados, listos para su aprovechamiento.
Este caso, aparejaría una transgresión fragante a las normas internacionales bilaterales chileno – argentinas, y al propio Tratado Bilateral de Complementación Minera, perfectamente reglamentado, destinado a las explotaciones en territorios fronterizos comunes, de lo que no se volvió a informar ni emitir documentación oficial alguna, lo que debiera ocurrir tanto por parte de la jurisdicción nacional y provincial argentina, al menos, por respeto a las leyes de la nación y a la comunidad toda.
Aparte de la grave figura técnica transgresiva ocurrida en la Mina San José, se agrega otra no menor y lamentable, basada en la necesidad de restitución de los mejores paliativos posibles destinados a tratar de devolver una normalidad de vida existencial a los 33 mineros afectados durante tanto tiempo y a los miembros de sus familias, todo lo cual fuera de lo emotivo y psicosomático implícito, debiera incluir la enorme valuación material del daño, que humanamente correspondería reconocer.
Fuente: Prensa Pública – El Tribuno - La Nación
“Recursos Hídricos de la Puna Salteña”, Documento Informativo, IAEI, UCASAL, 2008.
Dr. ROBERTO A. IBARGUREN - Inv. Asoc.
Grad. AGUSTINA JUÁREZ
Salta, Martes 31 de Agosto 2010
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“Nuestra Misión es contribuir educando e investigando de por vida, acorde la demanda de nuestra Comunidad”
El protocolo define las manifestaciones externas e internas de las estructuras del poder en una nación, y es el instrumento que permite la aplicación de un orden y eficacia comunicativa organizacional, de manera de hacer presentes en la comunidad los correctos desarrollos de determinados actos públicos y privados. A pesar de su creciente importancia, esta disciplina aún busca las posiciones más apropiadas que corresponden al mismo, desde un punto de vista profesional y público, con las debidas sustentaciones académicas y científicas propias de las ciencias sociales.
En nuestro país, en lo referido a la organización y desarrollo de actos oficiales, los organismos gubernamentales responsables del ceremonial y protocolo incurren frecuentemente en deformaciones y falencias de procedimientos y contenidos, contribuyendo a desvirtuar la finalidad principal de los fines propuestos en los mismos, o deslucirlos, por lo que se torna comprensible la definición anterior.
Al respecto, se mantienen y organizan a menudo multitudinarias reuniones convocadas por autoridades gubernamentales, con el objeto de informar y referirse a hechos eminentemente oficiales que hacen a la gestión intrínseca de la administración, relacionados con la marcha conductiva de los organismos públicos.
Los mismos a veces cuentan con un excesivo e ineficaz número de invitaciones extendidas a entes oficiales y privados no vinculados directamente con el manejo de los temas en cuestión, a pesar de la proyección generalizada de interés que la población pueda guardar sobre los mismos. Tales prácticas contribuyen más a diluir que a aportar elementos concernientes a las problemáticas comunicadas, provocando esfuerzos innecesarios y desgaste de energías en el medio social.
Por el contrario, al mismo tiempo, también ocurren en nuestro país carencias comunicativas sobre temas específicos de alto interés social, así como ausencias de aplicación de mecanismos previos de consulta y de ilustración, destinados a asegurar un mejor éxito y consenso sobre propuestas y políticas elaboradas.
En los gobiernos frecuentemente no se presta la suficiente atención a los temas protocolares y de ceremonial que hacen en definitiva a la figura y jerarquía misma de la administración actuante, y que en los casos de deficiencias y errores contribuyen enormemente a la deformación y pérdida de calidad de las gestiones que se aplican. Ello adquiere importancia y proyecciones extremas en los casos delicados de tipología social, económica o política. Los organismos responsables de protocolo y ceremonial en los países desarrollados cuentan por esta razón, con grupos profesionales de primer nivel que se encargan de analizar y evaluar previamente a cualquier acto, a través de análisis tipo FODA, acerca del éxito, consecuencias y registros, que podrán aportar, o erosionar a la gestión responsable.
En ello, deben y pueden contribuir como asesores solventes sociólogos, juristas y demás profesionales, dedicados a la evaluación del comportamiento humano en los temas específicos a que es sometida diariamente la población. Su cometido demanda permanente comunión consultiva con las autoridades de máxima decisión, lo que lleva a asegurar el éxito de los programas y actos de gobierno.
Fuentes: Método Delphi
Landeta (1999)
Irene Konow y Gonzalo Pérez (1990)
Dalkey y Helmer (1959)
Dr. ROBERTO A. IBARGUREN - Inv. Asoc.
Grad. AGUSTINA JUÁREZ Salta, Jueves 26 de Agosto 2010
La Constitución de la Nación Argentina (CN) estableció en 1853 que la Ciudad de Buenos Aires, otrora capital de la Provincia homónima, pasara a convertirse en capital de la República con gobierno inserto en la jurisdicción federal, con posterioridad a las guerras civiles que pujaban por las influencias del dominio del interior y el puerto. Paralelamente, el enorme y populoso conglomerado urbano denominado hoy Gran Buenos Aires, en permanente y desordenado crecimiento, conservaba la institucionalidad independiente propia de los municipios, conformando un concierto político heterogéneo e independiente. Actualmente el mismo totaliza casi 13 mill. de habitantes con innúmeras villas miseria que ya hicieran su aparición entre 1895 y 1914, mucho antes de la extinción de la eficiente red del transporte tranviario porteño, que posteriormente convirtiera lo que hoy es la ciudad, un caótico y peligroso complejo de tránsito.
En 1994 la reformada CN otorgaba a la ciudad capital Carta Orgánica propia, condición de autónoma y gobierno elegido democráticamente. Dicho régimen no se tradujo hasta el presente en un avance del manejo institucional y crecimiento planificado de su estructura urbana, la que desde 1536 por la creación por D. Pedro de Mendoza del asentamiento de N. Sra. del Buen Ayre y posteriormente en 1580 con D. Juan de Garay instituyendo la Ciudad de la Sma. Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre, continúa hasta el presente caracterizándose por una perjudicial asimetría confrontadora entre Nación y Capital del país, proyectando una innecesaria megacefalia.
En verdad desde que D. Juan de Matienzo, Oidor de la Audiencia de Charcas en 1566 propusiera “abrir una puerta a la tierra” como salida del territorio del Potosí hacia el Atlántico, como contrapartida a la predilección de la España colonial de ese entonces sobre los puertos del Pacífico, no se desdibujó aún el dilema entre el puerto, la aduana y el territorio, acotado sobre Buenos Aires, que constituyó y constituye históricamente la ecuación que divide a los argentinos, aún incapaces de resolverla, privilegiando la centralización salvaje de los negocios y el comercio, en desmedro de un desarrollo más racional del resto del territorio y sus gentes, que los connacionales de hoy calificamos y resignamos irónicamente como: “Dios atiende en Buenos Aires”.
Así la puja de Buenos Aires vs. Provincias, con Alvear, Zarratea, el Tratado de Pilar, las guerras civiles fraticidas, unitarios y federales, continúa hoy con otro sesgo menos cruel pero igualmente doloroso para el futuro de la República y el bienestar esperanzado de sus habitantes, sin poder concretarse aún la organización definitiva que proporcionare una paz justa y equilibrada, condición básica para el verdadero desarrollo de oportunidades en el vasto territorio argentino. En este marco, la difícil comprensibilidad del comportamiento político – civil de gobiernos federales, provinciales, municipales y consejos deliberantes, atenta en contra del progreso y avance de las comunidades, de la paz interior y del orden, en pueblos y ciudades, que cada día se descompone más con estadísticas trágicas e incontrolables, producidas por el crimen y la droga, el enorme déficit educacional y la pobreza, no únicamente en Buenos Aires y su conglomerado.
¿Habrán soñado esta realidad nuestro próceres fundadores?, cómo revertir en la actualidad este sesgo argentino que nos avergüenza ante el mundo?, estructuras políticas de oficialismos y oposiciones podrán mostrar y ofrecer mejores esperanzas a los ciudadanos de hoy y del futuro inmediato?. Qué reacciones asoman para poder empezar a creer en ello?. La historia inmediata nos irá proporcionando las respuestas, pero los argentinos no nos podemos abandonar y debiéramos aprontarnos para iniciar la lucha que nos corresponde con las prevalecientes dotaciones de ética, inteligencia y eficiencia!, caso contrario habremos demostrado incapacidad absoluta para manejar y administrar con éxito el conjunto de nación, provincias y municipios.
Fuentes: Prensa Nacional e Internacional
Dr. ROBERTO A. IBARGUREN - Inv. Asoc.
Grad. AGUSTINA JUÁREZ
Salta, Lunes 23 de Agosto 2010
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“Nuestra Misión es contribuir educando e investigando de por vida, acorde la demanda de nuestra Comunidad”
Con este título el IAEI, intenta difundir un breviario conformante de los aportes de vida más trascendentes provenientes de los ciudadanos fundadores de la Provincia, su política, instituciones, tradiciones, historiación institucional y contenido social, rescate que considera de conveniente actualización.
Para iniciar la saga nos referiremos a Facundo de Zuviría, de distinguida y valiosa trayectoria en la Provincia, la Nación y en esta parte de América, recuperando para las presentes generaciones hechos y aportes de memorable valor, prevalecientemente desconocidos. Precisamente el 19 de Agosto de 2010 ppdo., un grupo de salteños incluyendo miembros de su familia, lo recordaron en el Panteón de las Glorias de Salta y en el Monumento que aportara la insigne escultora Lola Mora, enclavado en el Parque San Martín.
En ese acto Patricio Colombo Murúa relataba algunos aspectos sobresalientes de su proficua trayectoria intelectual, política e institucional, en la que nos legara aportes invalorables en lo legislativo, educativo, ético, y fundamentalmente de su modelo de conducta de vida, tan valiente como ejemplar. Como militante de los Unitarios debió afrontar el rol de opositor político activo al Brigadier Juan Manuel de Rosas y al mismísimo Gral. Martín Miguel de Güemes, dos veces gobernador de Salta. En ese marco, Zuviría representaba los valores de la “Patria Nueva”, frente a las huestes de Güemes, caratuladas como sostenedores de la “Patria Vieja”, en lo que aportara visionarios equilibrios para materializar la unidad nacional reincorporando a la Provincia de Buenos Aires en el concierto de la República.
El valeroso sostén de sus ideas políticas lo signó con el destierro, exiliándose en Sucre, donde contribuyó a la jerarquización de las Universidades de Charcas y La Paz. Uno de sus legados de mayor trascendencia reside en su contribución extraordinaria a la Constitución Provincial, en la que en base al modelo norteamericano adoptado por Alberdi en 1819 que diera origen a la C. Nacional de 1853, incluyera el sufragio universal, el régimen municipal, el reclutamiento de la Guardia Nacional, creación del crédito público, la libertad de imprenta, el método Lancaster de enseñanza primaria, la disolución del Cabildo y la institucionalización de la Sala de Representantes (antecedente de la Legislatura Provincial), en definitiva, un verdadero progresista para Salta, de fondo y no de título.
Zuviría, de fuerte personalidad de origen vasco, hijo del Coronel español D. Agustín de Zuviría y la salteña Da. Feliciana Castellanos, debió superar los numerosos avatares propios de su rasgo, de excelente discurso y distinguida intelectualidad, no obstante haberse graduado en las Cs. Jurídicas a los 17 años, perfeccionó luego sus conocimientos completándolos con un Doctorado en Derecho Romano y Canónico en el Colegio San Carlos de Buenos Aires en 1813. Ejerció cargos de máxima jerarquía y responsabilidad: Senador Nacional simultáneo por tres Provincias, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Ministro de Justicia e Instrucción Pública de Salta, Primer Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no llegó a ejercer sorprendido por su fallecimiento en Paraná en Agosto de 1861. Escritos, discursos y publicaciones, abundaron en su larga trayectoria pública de 50 años, elaborados prevalecientemente fuera del país durante sus tres emigraciones, la más larga de 19 años de duración.
Zuviría fue un educador incansable, promotor de la evolución y ordenamiento de las instituciones públicas, jerarquizador del Estado, de la expresión hablada y escrita de calidad, por lo cual sería justiciera la presencia de un recordatorio ecuestre en los jardines o patios del Palacio Legislativo Salteño, a manera de inspiración para todos los legisladores provinciales de Salta. Sus obras literarias e históricas demandan ser reeditadas precisamente en el seno natural de ese foro, para conocimiento y difusión en las nuevas generaciones.