ALIMENTOS Y ESTADOS EMPRESARIOS?

ALIMENTOS Y ESTADOS EMPRESARIOS?

Documento Analítico

Internacionalmente, el sector alimentario se ha visto sorprendido estos días por una información que si las fuentes no resultaren responsables, sería difícil de aceptarla. Se trata de la descomposición y putrefacción de más de 100.000 tn. de alimentos importados por la empresa estatal venezolana productora y distribuidora de alimentos (PDVAL) que inunda con una atmósfera mal oliente Puerto Cabello, el segundo más grande de Venezuela, en el que aparentemente yacerían abandonados dentro de contenedores en muelles y almacenes, millones de kilos de comida que debían ser vendidos a bajo precio en la red estatal de mercados alimentarios.

Los delatores objetivos sin proponérselo fueron los vecinos del Barrio o Parroquia de La Fraternidad, que visualizan directamente sobre los transmuros del Puerto innumerables contenedores que sobrepasan los 50. Desde Abril de 2009 fueron obligadamente informados que la pestilencia provenía de esos lotes cargados de comida ya descompuesta. El hecho se agravó visiblemente cuando el 15 de Junio de 2010, el Gobierno Dominicano devolvió a su par Venezolano un barco completo con 60 contenedores con latas de atún, leche y pastas vencidas, “que habían sido enviados como ayuda humanitaria para Haití”.

Por más que se intentara superar el escándalo provocado por esta grave desatención, accidente y abandono comercial alimentario y de sanidad, y de ser reconocido por la primera autoridad venezolana, que intentando defender la acción de PDVAL y replicando con cargos a la oligarquía, como autora del inflado del tema para desprestigiar la “lucha por la soberanía alimentaria popular”, que conduce el gobierno de ese país, el tema asume gravedad extrema, porque cuántas bocas desnutridas podrían satisfacer las 103.802 tn. de alimentos ya putrefactos?. Ello resulta imposible de obviar.

Lo cierto es que Venezuela en general se viene perfilando y consolidando como un Estado constituido por una organización empresarial gigantesca representada por el mismo gobierno. Siete años atrás el país observa el intento de estatizar la producción, distribución y comercialización de alimentos entre otros rubros, arguyendo “resguardo del sabotaje del sector privado”. Mientras tanto, a pesar de sus recursos naturales apreciables, “la soberanía alimentaria del país” resguardada por PDVAL se traduce en que la provisión de alimentos en Venezuela supera el 70% de importación, con orígenes prioritarios en EEUU, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Recientemente se trasladó el manejo de absolutamente todo el proceso al actual Ministerio de Alimentación, corrigiendo dicha responsabilidad que la venía monopolizando desde hace más de siete años la empresa petrolera estatal (PDVSA) (?).

La responsabilidad de este fenomenal desvarío y daño al interés de la comunidad nacional, no solamente reside en los orígenes del proceso descripto, sino que la misma se amplía a la administración de los puertos, también nacionalizados en 2009 a través de la “Empresa Bolivariana de Puertos” (51% capital venezolano, 49% cubano). Así, Puerto Cabello, por boca de sus propios operarios, directivos y obreros, ha entrado en un receso notable de eficiencia en el ingreso, permanencia y salida de carguíos, por pura burocracia. Asimismo, los contenedores alimentarios como se sabe requieren de refrigeración, y por la restricción del consumo quedaban 2 horas por día sin energía y expuestos al sol a causa del plan de racionamiento de energía vigente en el país, con las consecuencias previsibles.

Lo cierto y real es que el gobierno acusa a las empresas privadas de semejante realidad, lo que no impide aceptar el desabastecimiento generalizado alimentario, de harina, leche, carne, pollo, manteca y arroz, así como la inflación acumulada que en 2010 ya alcanza alrededor del 15% (en alimentos). El gobierno ha expropiado o intervenido un total de 76 empresas alimentarias, excusándose en la acaparación de alimentos y el crecimiento de los precios. Así, empresas de hace más de 30 años con más de 30.000 trabajadores, 30 plantas industriales y más de 150.000 puntos de ventas ya comenzaron a ser expropiadas. El futuro de la seguridad y calidad alimentaria del país se encuentra obviamente amenazado por esta política equivocada.

Fuente: El País
Dr. ROBERTO A. IBARGUREN - Inv. Asoc.
Grad. AGUSTINA JUÁREZ
Salta, Martes 22 de Junio 2010
www.ucasal.net/iaei/
iaei.iaeiraiz.blogspot.com